Fue un año en el que se acumularon dificultades: desde el crecimiento de la militarización y los diversos controles estatales (materiales y digitales) hasta la imposición de confinamientos que impidieron la movilidad y acentuaron el aislamiento y el individualismo. Un cóctel opresivo y represivo como no se veíamos desde hacía mucho tiempo. Las limitaciones impuestas a la población en general, y a la movilización en particular, sumadas al abandono de los Estados, llevaron a los movimientos a replegarse, primero, para estar en condiciones de volver a relanzar la protesta y la movilización más adelante.
El momento del repliegue fue importante para salvaguardar la salud colectiva y comunitaria, evitar contagios masivos en los territorios de los pueblos y fortalecer las autoridades propias. Las guardias de autodefensa comunitaria jugaron un papel decisivo, ya sea en áreas rurales como urbanas, destacando entre éstas los controles realizados en ciudades como Cherán y en espacios como la Comunidad Acapatzingo en Iztapalapa, en Ciudad de México. En vastas regiones rurales el EZLN, el Consejo Regional Indígena del Cauca, los gobiernos autónomos de pueblos amazónicos, comunidades mapuche, palenques y quilombos, además de comunidades campesinas, decidieron impedir o restringir el ingreso de personas que provenían de las ciudades, como forma de regular la pandemia. Si no lo hubieran hecho así, sobreponiéndose a la violencia estatal y paraestatal, especialmente mortífera en regiones de Chiapas y del Cauca colombiano, hubieran sufrido una severa desestabilización interna. Esa fue la condición para acotar daños y el paso previo a retomar la iniciativa hacia afuera.
Hacia mediados de año, los pueblos comenzaron un nuevo activismo que en varios casos los llevó a romper el cerco militar y mediático. En el mes de julio la huelga de hambre de veintisiete presos mapuche sacudió a las comunidades del sur de Chile que comenzaron una oleada de movilizaciones en apoyo a los detenidos en las cárceles de Temuco, Lebu y Angol. Los huelguistas demandaban el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT que les permite cumplir la condena en sus comunidades, que se revise la prisión preventiva y para denunciar las condiciones inhumanas en las cárceles. A pesar de las dificultades generadas por la militarización y la pandemia, se registraron manifestaciones y concentraciones en el norte, centro y sur de Chile. Las huelgas de hambre denunciaron, además, la represión que están sufriendo los mapuche en todo el país, como la persecución contra las vendedoras de hortalizas y de cochayuyo, un alga marina altamente nutritiva.
En los primeros días de agosto se produjeron masivos bloqueos de carreteras en Bolivia en al menos 70 puntos, por grupos de campesinos e indígenas contra la postergación de las elecciones por el gobierno golpista de Jeannine Añez. Los bloqueos fueron levantados cuando el gobierno aceptó celebrar elecciones el 18 de octubre, que ganó ampliamente el MAS con más del 55% de los votos, superando con holgura el cuestionado resultado de un año atrás.
El 30 de setiembre comenzaron manifestaciones en Costa Rica contra un acuerdo con el FMI que implica aumento de impuestos y una mayor austeridad en el gasto público. Ante la oleada de protestas, el 4 de octubre el gobierno anunció la suspensión de la negociación para abrir un ámbito de diálogo y rever la postura.
El 5 de octubre el EZLN emitió el primer comunicado desde que cerró los caracoles por la pandemia, el 16 marzo de 2020. Informan que en ese lapso fallecieron 12 personas por coronavirus y asumieron la responsabilidad, a diferencia de lo que hacen los gobiernos, y que decidieron “enfrentar la amenaza como comunidad, no como un asunto individual”. Apuestan a la movilización global contra el capital e informan que en abril de 2020 comenzarán una primera gira por Europa, que luego extenderán a otros continentes, con una amplia delegación integrada mayoritariamente por mujeres, porque “es tiempo de nuevo para que bailen los corazones, y que no sean ni su música ni sus pasos, los del lamento y la resignación”.
El 18 de octubre, a un año del inicio de la revuelta social de 2019, miles de chilenos volvieron a salir a las calles de Chile en conmemoración de aquella protesta. Ese día hubo 580 detenidos y un fallecido tras la represión de Carabineros. El 25 de octubre el pueblo chileno desbordó las urnas en el referendo para redactar una nueva Constitución que sustituya a la heredada por la dictadura militar de Pinochet. El 80% de los votantes aprobó el inicio de un proceso constituyente, cuando se esperaba un resultado de un 60% a favor de la iniciativa. La movilización popular por el referendo la continuación de la revuelta iniciada en octubre de 2019 que le cambió la cara al país, deslegitimando la política oficialista neoliberal y represiva.
En Perú se produjo una notable movilización popular a raíz de la destitución ilegítima del presidente Martín Vizcarra, instalando en su lugar un gobierno corrupto considerado golpista por la población, ya que la mayoría absoluta de los parlamentarios tienen acusaciones de corrupción. En una semana de gigantescas manifestaciones, el golpista Manuel Merino debió abandonar la presidencia abriendo una coyuntura inédita en el país.
El 21 de noviembre en Ciudad de Guatemala miles se concentraron para protestar contra el proyecto de ley de presupuesto que había sido aprobado en el Congreso y que reducía los fondos destinados a la educación, el combate a la desnutrición, defensa de derechos humanos y la respuesta a la pandemia. Los manifestantes ingresaron a la sede del legislativo e incendiaron parte de las instalaciones.
Habría mucho más para relatar. Por todo lo anterior, parece evidente que los pueblos en movimiento, los movimientos sociales y anticapitalistas están lejos de haber sido derrotados por la mayor ofensiva lanzada por el sistema en décadas.
Fuente: Raúl Zibecchi (A las barricadas)
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